DERECHOS HUMANOS EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO.

Ar´ticulo escrito por Javier Garin para la revista "Presente" de la Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires En las charlas de formación que brindo en todo el país suelo remarcar el cambio extraordinario que se produjo a partir del 2003 en la conciencia política y social en torno a la importancia de los Derechos Humanos. Con anterioridad, los militantes de DDHH trabajábamos al margen del Estado, e incluso en su contra. Era el Estado quien vulneraba derechos o amparaba vulneraciones, aseguraba la impunidad de los represores e ignoraba las demandas de los organismos. A partir de la asunción de los DDHH como política de Estado por Kirchner, la situación varió diametralmente. No sólo porque comenzaron los postergados juicios contra los genocidas, sino tambien porque los diferentes estamentos del Estado asumieron la temática, creando agencias específicas en provincias y municipios, incorporando sus contenidos en la formación de alumnos, docentes, agentes administrativos, etc. En Misiones el área llegó a tener rango de Ministerio. Militantes y referentes pasaron a cumplir funciones en el Estado aportando una visión y una sensibilidad propias: tal el caso del compañero Guido Carlotto y su equipo en Provincia de Buenos Aires. Ello es motivo de orgullo para quienes, habiendo vivido épocas de indiferencia u hostilidad, consideramos un privilegio ser parte del actual proceso histórico. En un país sometido durante décadas a poderes extranjeros, la actitud autodenigratoria (fomentada desde los medios de comunicación) forma parte de una arraigada colonización mental. Para los "argentinos vergonzantes" que creen que todo lo argentino es despreciable y todo lo bueno se encuentra afuera, resultaría difícil admitir que seamos ejemplo mundial y motivo de admiración. Y sin embargo lo somos, precisamente en materia de derechos humanos. Nuestros logros en la búsqueda de Verdad y Justicia en crímenes de lesa humanidad son reconocidos internacionalmente. Somos el único país que ha consagrado por sí mismo el fin de la impunidad mediante juicios ejemplares a los autores de un genocidio interno. Esto nunca sucedió. Los juicios por delitos de lesa humanidad fueron históricamente el resultado de una acción exterior. Nüremberg y Tokio, con todos sus méritos, no dejaron de ser tribunales de los vencedores de una contienda militar (nadie juzgó a Harry Truman por arrojar bombas atómicas sobre poblaciones civiles). Las atrocidades cometidas en Ruanda o en la ex Yugoslavia fueron juzgadas por tribunales internacionales ad hoc. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ni ninguno de los países latinoamericanos en que florecieron dictaduras asesinas, pudieron juzgar a los represores, y ni siquiera lo intentaron. Nelson Mandela, a quien se suele venerar en todas las latitudes, no concretó un solo juzgamiento a criminales de lesa humanidad sudafricanos. España se niega a revisar los crímenes franquistas. Sólo Argentina juzgó a los terroristas de Estado sin imposición externa. Y esto no fue mérito exclusivo de un Gobierno sino de todo un pueblo, y del compromiso inclaudicable de esas tenaces luchadoras: las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo e inspiración para las generaciones presentes y venideras. Hoy nuestra sociedad exhibe un respeto irrestricto de los derechos y libertades públicas, una decidida negativa a apelar a la represión como herramienta de resolución de conflictos, un avance constante en materia de inclusión, de igualdad de género, de lucha contra toda forma de discriminación. Digo esto aún siendo plenamente consciente de las numerosas deficiencias que reclaman mejoras, reformas y atención urgentes: estado de las cárceles, de las comunidades campesinas y pueblos originarios, falta de adecuada protección ambiental, desamparos persistentes de ciertas franjas de la población, trata de personas, etc. A pesar de tales deudas, se vive una primavera de libertad y derechos que sólo quienes padecimos dictaduras aberrantes podemos valorar en toda su dimensión. Y es una señal venturosa que haya millones de jóvenes que sólo conocen la dictadura por la referencia de sus mayores o sus maestros. Pero no debemos caer en la ingenuidad de suponer que estas conquistas se realizan de una vez y para siempre. Sobran ejemplos de lo contrario. Con lamentable frecuencia, sociedades que parecían muy apegadas a la legalidad retrocedieron de golpe a extremos inconcebibles de barbarie. La historia del siglo XX, con sus dos Guerras Mundiales y sus decenas de conflictos armados, sus múltiples genocidios, bombas atómicas y misiles, bastaría por sí sola para convencernos. Nuestra Patria nació a una existencia independiente bajo los auspicios de la Ilustración y el respeto a los derechos que proclamaban próceres como Belgrano, San Martín, Castelli, Moreno, Monteagudo. Belgrano emancipó a los indios de las Misiones; Castelli a los del Alto Perú; el Primer Triunvirato dictó el decreto de seguridad individual; la Asamblea del Año XIII abolió la Inquisición, prohibió la tortura, quemó sus instrumentos en la plaza y dispuso la libertad de vientres; y todos los proyectos constitucionales argentinos contienen elocuentes declaraciones de derechos. Sin embargo, la práctica renovada de la tortura, el exterminio del bando rival, la destrucción de los indios en vez de su integración, la persecución y masacre de trabajadores, signaron con su ferocidad la vida nacional. La Constitución de 1853, que recogió los más nobles principios de tutela de los derechos individuales, fue una y otra vez pisoteada por golpes de estado, desconocida por gobiernos abusivos o abrogada por prácticas monstruosas. Nos cupo el triste privilegio de ser el país de la picana eléctrica: invento argentino más exitoso que el dulce de leche. Un jefe policial -hijo del poeta Leopoldo Lugones- descubrió que ese instrumento, tan útil para arriar vacas, tambien podía serlo para arriar obreros díscolos y anarcosindicalistas... La patria del humanitario Belgrano, del esclarecido Moreno, del pacifista Alberdi, fue tambien escenario tortuoso de dictaduras militares, de los bombardeos a Plaza de Mayo, de la desaparición forzada de personas... Décadas de regímenes de facto dejaron un persistente autoritarismo cultural que se manifiesta en la violencia de género, en el racismo desembozado que califica de "negros" a los sectores de menores recursos o a los inmigrantes, en el odio a quien es diferente, en la añoranza de la "mano dura", la tortura o la pena de muerte. Aflora tambien en el discurso social cavernario de los medios masivos de comunicación alrededor de la llamada "inseguridad", utilizada como excusa para la criminalización de los sectores más humildes y de los jóvenes. De allí la enorme importancia de la promoción y difusión de los derechos humanos en todos los niveles de la enseñanza y en todas las acciones de los poderes públicos. Porque no basta haber alcanzado conquistas estimables; no basta tener leyes protectoras de derechos; no basta sostener el sistema democrático durante tres décadas. La historia nos enseña que las mayores conquistas pueden ser desbaratadas en momentos de crisis, desesperación o locura colectiva. Los derechos humanos son la más alta conquista de la conciencia jurídica de la Humanidad; cada derecho conquistado, lo fue a un enorme costo de luchas y de sangre. Y sin embargo, son conquistas sumamente frágiles. Muchas veces se perdieron y se pueden volver a perder. En una de las primeras actividades de difusión que me tocó organizar hace muchísimos años, uno de los panelistas, el recordado profesor Alfredo Bravo (fundador de APDH y ex desaparecido) dijo palabras que me gusta repetir: "una de nuestras tareas es crear una verdadera cultura de los derechos humanos". Algo similar solía expresar el padre ideológico de nuestra Constitución: Juan Bautista Alberdi. A pesar de haber sido quien más insistió en la necesidad de una ley suprema, Alberdi no era, como suelen ser los juristas, un fetichista de las normas. No pensaba que las normas alcanzaran por sí solas para transformar la sociedad. Por el contrario, estaba convencido de que las transformaciones perdurables sólo pueden realizarse mediante procesos sociales y culturales profundos. E insistía: la paz, la libertad y los derechos no viven en los textos legales. Viven en el corazón del pueblo, o no viven en parte alguna. Por eso la lucha por los derechos exige crear un cambio de conciencia. Los derechos deben hacer carne en la sociedad para ser realmente efectivos y perdurables. Si no, serán conquistas efímeras, que tan pronto pueden ser respetadas por un gobierno como destruidas por otro. Los momentos históricos favorables para la expansión de derechos, como el actual, deben ser aprovechados a fondo para la generación de la máxima conciencia popular posible, de modo tal que ni siquiera abruptos retrocesos en la marcha de la Historia basten para desvirtuar lo alcanzado. Como militante, no puedo menos que celebrar y apoyar los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para consolidar una cultura de los derechos humanos. En esta tarea, incumbe a la Provincia de Buenos Aires un rol fundamental, por ser la más poblada del país y por su carácter de reservorio histórico de los más fecundos movimientos populares.