La delincuencia juvenil es producto de la droga y la exclusión y no se resuelve linchando fiscales

Por Javier Garin (escritor y abogado. Autor del “Manual Popular de Derechos Humanos”. Vicepresidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria. Formador de promotores populares de DDHH.)



Hace años que venimos advirtiendo sobre la peligrosidad del discurso mediático que alienta la venganza y la justicia por mano propia. Lo hicimos en todas las charlas, conferencias y presentaciones del “Manual Popular de Derechos Humanos” en el país, y recientemente en una nota contra la “moda” de la pena de muerte y el linchamiento. Lamentablemente la realidad nos da la razón. Acabamos de ver a una multitud enfurecida queriendo linchar a un fiscal en Valentín Alsina. Este episodio es uno más en una escalada cotidiana alimentada por los medios amarillistas, y por las Susanas y Tinellis de nuestra sociedad, que no vacilan en promover la violencia si eso sirve para desestabilizar al Gobierno.

Algunos justifican el episodio diciendo: “hay que comprender la indignación de los vecinos”. Los punteros de la derecha política y los medios sensacionalistas que fogonean este tipo de reacciones deberían preguntarse: ¿qué culpa tiene el fiscal? ¿Por qué no “comprendemos” y nos compadecemos de ese pobre tipo atacado en patota? ¿Acaso un fiscal no tiene familia, no tiene padres, mujer e hijos? Si le hubieran quitado la vida, ¿Susana habría pedido pena de muerte para sus matadores?

Es hora de que los medios de comunicación se llamen a reflexión sobre el mensaje que transmiten a la comunidad con sus coberturas policiales desaforadas y su incitación a descreer de la Justicia, de la Constitución y de las leyes. ¿O esperarán a que otro fiscal resulte efectivamente linchado? Si esto sucede, ¿qué van a decir? ¿Que fue culpa de los políticos? ¿Qué fue culpa de los organismos de derechos humanos?

Así como no conduce a nada la violencia, aunque brote de la indignación, tampoco sirven las simples reformas legislativas. Querer frenar la delincuencia juvenil mediante la baja en la edad de imputabilidad es como pretender curar el cáncer con aspirinas.

Los abogados y auxiliares de la Justicia que trabajamos con los pobres del Conurbano aprendimos algo que “opinadores televisivos” y políticos mediáticos no tienen en cuenta. Los jóvenes que cometen delitos, en su mayoría, lo hacen impulsados por la droga o para procurarse los medios de adquirirla. La droga encuentra en ellos un campo propicio que fue previamente preparado por la marginación social y los déficit de contención y educación todavía no resueltos.

Creer que estos jóvenes dejarán de delinquir por el efecto disuasivo de la pena es no conocer la realidad. La omnipotencia de los adictos a ciertas drogas impide que piensen que alguna vez caerán presos o serán abatidos. Y si así lo creyeran tampoco les importaría. Si crecieron aprendiendo que la propia vida no tiene valor (y por lo tanto tampoco vale nada la vida ajena) es ilusorio pensar que una amenaza a su vida o su libertad pueda disuadirlos.

Es inútil bajar la edad de imputabilidad si no se hace más para rescatar a los jóvenes de la marginación y de la droga. Las madres de estos chicos recorren los tribunales pidiendo que internen a sus hijos, y nunca lo consiguen. Se les dice que no están tan graves como para ser internados, y se les prescriben tratamientos ambulatorios ineficaces. No hay recuperación si no se aísla al adicto del entorno nocivo. Para ello el Estado debe solventar fuertemente la creación de centros de internación.

Desde hace años venimos planteando esta demanda. En una ocasión logré que internaran a uno de estos jóvenes sólo despues de acusar a los psiquiatras forenses de abandono de persona. Si no, lo habrían dejado que siguiera su camino hacia la cárcel o la muerte.

La droga no sería tan letal si no fuera por la complicidad de la policía con el narcotráfico y la falta de educación y contención social.

Resulta tragicómico ver a los cultores de la “mano dura” pedir más poder para la policía cuando en muchos barrios se ve a los patrulleros pasar regularmente a cobrar su cuota en las bocas de expendio de droga. Para emprender un combate serio contra el narcotráfico es imprescindible reformar totalmente las fuerzas de seguridad.

Todos sabemos que la educación pública fue destruida en la década neoliberal. Las escuelas públicas comenzaron a resignificar su rol, pero no es suficiente. Se debe profundizar en una educación en los valores, creando conciencia nacional, solidaridad y respeto por los demás y por uno mismo. Tambien en esto tienen los medios su cuota de responsabilidad, ya que su mensaje constante es el de que la felicidad la da el consumo y que las personas sólo valen por lo que tienen o pueden adquirir. Quizás la futura ley de medios ayude a poner a éstos al servicio de una cultura humanista, contrarrestando el grosero consumismo que es un aliciente indirecto del delito.

La indiferencia egoísta es otro factor a corregir en la cultura social, responsabilidad de todos y no sólo de las autoridades. ¿Nos extraña que haya delincuentes juveniles cuando miramos para otro lado cada vez que nos cruzamos con un chico de la calle? Vemos un pibe de diez años aspirando pegamento y decimos: “qué me importa, si total no es mi hijo”. Ese chico crece, consigue un arma y viene por nosotros. Y entonces comprendemos –tarde- que sí nos importaba.

Hace un tiempo visité el Hogar Escuela Evita, de Ezeiza, fundado por Eva Perón para contener a los chicos pobres. Cuando lo recorrí estaba casi vacío y los directivos abrigaban el absurdo de convertirlo parcialmente en museo. ¿Acaso los chicos pobres o abandonados son cosa del pasado? ¿Pertenece al pasado la idea de Evita de combatir el desamparo de la niñez? A Evita no se la homenajea con museos sino poniendo en práctica las ideas que defendió.

Las reformas legislativas, que suponen que el mal está en las leyes y no en la sociedad, resultan vanas si no se refuerzan las políticas sociales y educativas inclusivas atacando frontalmente las causas del delito. Tales políticas implican profundizar la redistribución del ingreso. Pero claro: a esto se oponen furiosamente los mismos que atacan al Gobierno clamando a voz en cuello por la “inseguridad”.